Democracia, Transparencia y Política de Defensa
Por José Higuera*
La transparencia respecto de las gestiones de gobierno es uno de los elementos claves y básicos para el buen funcionamiento de un sistema democrático. Los derechos de participación de la ciudadanía en una democracia efectiva van más allá del rito de votar en las urnas. Y este requisito implica que los ciudadanos tienen el derecho a estar informados adecuadamente respecto de las distintas políticas, programas y proyectos en proceso de implementación o estudio por parte de las autoridades elegidas por ellos.
Lo anterior debe abarcar todos los ámbitos de la acción gubernamental, incluyendo áreas como las Relaciones Exteriores y Defensa, porque nada puede ni debe quedar fuera del alcance del ejercicio de la soberanía popular. Y una de las áreas en donde el sistema democrático chileno evidencia un déficit de transparencia es precisamente en la gestión del gobierno en el sector Defensa y, muy particularmente, en lo referente al manejo de las adquisiciones de nuevo equipamiento militar.
Desde el año 1997 los gobiernos de la Concertación han venido desarrollando un extenso programa de modernización y renovación de equipamiento militar, por un monto que varios analistas estiman entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, que se ha caracterizado por una sistemática falta de transparencia hacia el público. Otras compras, por valores que resultan imposibles de establecer en lo inmediato, están en carpeta esperando su turno.
Antes de avanzar respecto de este punto es saludable no perder de vista que, como todo estado, Chile necesita de un instrumento militar que le garantice su soberanía en lo político y territorial y que respalde su política exterior cuando ello sea necesario. De la misma forma debemos reconocer que, para dar cumplimiento a sus tareas, dicho instrumento militar requiere contar con un equipamiento adecuado, el que debe ser actualizado y renovado regularmente.
En lo básico, las compras de equipo militar mencionadas anteriormente han respondido a la necesidad de reemplazar material antiguo, ya sea porque plataformas y sistemas habían alcanzado el límite de su ciclo de vida o se habían hecho tácticamente obsoletas, dejando de cumplir con los requisitos de costo y efectividad que las tareas y las necesidades operacionales de las fuerzas armadas demandan.
Sin embargo, estos procesos de adquisición no han pasado por el necesario ejercicio de revisar, de cara a la ciudadanía, las necesidades del país en lo que se refiere a Defensa en el corto, mediano y largo plazo. Esa es una tarea aún pendiente, que requiere ser abordada como paso previo a diseñar y definir el tamaño, la estructura y el equipamiento que deberían tener nuestras fuerzas armadas.
El paso antes mencionado debe incluir la clara definición de los intereses nacionales que se busca defender y de los recursos que el país puede destinar a ese fin. Esta definición político-estratégica también debe establecer una política respecto de los países proveedores de equipamiento militar. Uno de los objetivos de esa política debe ser evitar relaciones de dependencia que puedan ser limitantes de la soberanía de Chile en lo que respecta a su política exterior.
De esa forma se evitará la recurrencia de situaciones como las planteadas en la actualidad respecto de la ratificación de Estatuto de Roma para la creación de un Tribunal Penal Internacional, en donde el gobierno se ha visto acorralado por las presiones y amenazas de Estados Unidos y la acción concertada de sectores políticos locales que son proclives a esa potencia.
Lo anterior debe ser parte fundamental de un proceso de definición de una Política de Defensa, que debe considerar las necesidades del país a la luz de los escenarios vecinales y regionales previstos para el futuro inmediato y lejano. Dicha política debe diseñar e implementar un sistema de financiamiento de la Defensa, que garantice un marco económico adecuado para cubrir las necesidades de modernización que los ciclos de vida de las plataformas y sistemas de uso militar inexorablemente imponen.
Sin embargo, esta Política de Defensa –con sus distintos componentes, que deben incluir un nuevo sistema de financiamiento que reemplace a la desbordada Ley Reservada del Cobre- debe surgir de un debate abierto, en el que la ciudadanía y sus representantes puedan expresar sus ideas y preferencias en forma informada.
Ese debate requiere de un alto grado de transparencia respecto de las políticas, planes y proyectos que manejan las autoridades del sector. Esa transparencia no existe hoy como una norma oficial, y las autoridades del sector se caracterizan por una férrea reticencia a entregar información sobre sus actos y proyectos. Bajo su óptica todo debe ser secreto, y citan “razones de seguridad nacional” como excusa para ello. La impresión que esa conducta deja es que la principal amenaza para la seguridad nacional en una ciudadanía informada.
Los pasos que debemos dar
Un primer paso debería ser legislar para definir lo que debe ser secreto. Un buen modelo a seguir es la Acta de Secretos Oficiales del Reino Unido de 1989, que establece con claridad lo que debe ser mantenido en reserva por razones de seguridad nacional y aquello que debe ser de dominio público.
El siguiente es crear mecanismos e instancias para la transparencia. Una de las alternativas es el reforzamiento y ampliación de las atribuciones del principal organismo contralor, de modo que no sólo se encargue de supervisar la legalidad de las acciones de la autoridad y la probidad de quienes intervienen en ellas, sino que también tenga a su cargo la tarea de supervisar la marcha en general de los proyectos en que se invierten los recursos públicos y mantener la información sobre ellos actualizada y a disposición de la ciudadanía.
Y para ello no es necesario reinventar la rueda, porque ya existen en otros países organismos que cumplen estas funciones. Son los casos de la GAO (Government Accountability Office) en Estados Unidos y la NAO (National Audit Office) en el Reino Unido. Estas son organizaciones autónomas del gobierno encargadas de auditar el empleo de destino que el Ejecutivo y sus organismos dependientes hacen de los recursos fiscales en todas las áreas de la gestión pública, incluyendo Defensa. Pero sus tareas van más allá: también se encargan de emitir informes periódicos que están disponibles tanto para los legisladores como para el público.
En el caso específico de la Defensa, los informes de la GAO y la NAO dicen, por ejemplo, si el proyecto de desarrollo y compra de una determinada plataforma o sistema miliar está atrasado en relación los plazos planificados. También reportan si los costos del equipo han resultado inferiores, similares o superiores a lo previsto, o si la operatividad y efectividad del material que ha sido comprado o que esta en proceso de desarrollo son satisfactorias o no.
Es decir, organismos como la GAO y la NAO introducen un elemento clave que no sólo es el control de auditoría y la rendición de cuentas, sino también contribuyen a generar la transparencia que es fundamental para el buen funcionamiento de todo sistema democrático. Y es importante destacar que en el caso de Estados Unidos la administración del Presidente George W. Bush, que ha logrado reducir y dificultar el acceso del público a los documentos de administraciones anteriores desclasificados, no ha podido controlar o limitar el que la GAO cumpla con sus tareas.
Y, a diferencia de lo que ocurre en Chile, nadie en esos países se atreve a afirmar el absurdo de que, al poner al alcance del público la información relativa la inversión en Defensa, se pone en peligro la seguridad nacional. Muy por el contrario, el grado de transparencia que tiene la gestión de los recursos de la Defensa en esos países tiene el muy saludable efecto de permitir que los ciudadanos conozcan lo que están haciendo sus autoridades.
Así la ciudadanía podría opinar con propiedad a favor o en contra de la gestión del gobierno, y evaluarla con miras a la renovación o revocación de su mandato en las urnas, como debe ser en toda democracia sólidamente constituida.
*José Higuera es periodista y cientista político, Magíster en Investigación de Medios con mención en Política Internacional, Magíster en Relaciones Internacionales y Seguridad y candidato a Doctor en Relaciones Internacionales. Es Secretario Técnico de la Comisión de Defensa del Partido Por la Democracia (PPD) y se desempeña profesionalmente como analista e investigador en América Latina para el editorial especializado en tema estratégicos y de defensa Jane’s del Reino Unido.
publicadas por Patricio Hales Dib @ 2:39 p. m.
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