Las adquisiciones para el potencial bélico de las Fuerzas Armadas en democracia
Por Patricio Hales Dib
Enero 2007
Recién en 2006 se realizó la primera discusión pública respecto de la posibilidad de mantener, derogar o modificar la legislación y las disposiciones que establecen los mecanismos de financiamiento del material y equipamiento bélico de las Fuerzas Armadas.
Fue un debate que organicé y dirigí, gracias a la confianza de las FF.AA. y de los Presidentes de los partidos políticos que aceptaron participar. Mi ánimo ha sido contribuir desde la Cámara de Diputados, que es donde están representadas todas las posiciones electas por votación popular, de manera de asegurar que la opinión para definir un nuevo modelo de adquisiciones militares y la definición de inversión en potencial bélico para las Fuerzas Armadas surja de una discusión democrática.
Eso no se ha hecho nunca. Para eso escribo, y así he invitado a debatir, seguro que el producto de una discusión en confianzas mutuas servirá para nuestro país.
El prejuicio del desinterés de los políticos:
La protección y cuidado y que existe hacia la llamada ley reservada del cobre está fundado en el supuesto de proteger a las Fuerzas Armadas de un presunto desinterés de los políticos por invertir en equipamiento bélico. Si es verdad o no este prejuicio, es una opinión basada en la desconfianza. Mientras tanto, los analistas de textos de defensa y académicos de diferentes sectores políticos más bien se acercan al problema en forma directa, aunque con opiniones y matices distintos, a través de los cuales proponen la necesidad de establecer un nuevo mecanismo.
La práctica de la acción política ha demostrado timidez para resolver de manera definitiva el tema, a pesar de que debo reconocer la aparición cada vez más frecuente de dirigentes y de parlamentarios de diferentes partidos políticos expresándose con discrepancia sobre la ley del cobre. Pero aún a comienzos del 2007 no hay propuestas nuevas.
En el caso de los académicos puedo citar claramente ese tipo de posiciones. El Instituto Libertad (UDI) señala: “La forma en que se asuma el proceso de asignación de recursos para la defensa, no satisface, en nuestra opinión, los criterios básicos de eficiencia”. Agrega, “evidentemente la división por tercios de los recursos captados con el impuesto a Codelco, no tiene fundamentos ni económicos ni militares”.
Por otra parte, dice: “El control real que la sociedad y sus representantes en el Congreso tienen sobre la evolución de las Fuerzas Armadas es escaso y se restringe a aspectos formales”.
Por su parte, el académico y profesor señor José Higuera (PPD), señala que el sistema democrático chileno evidencia déficit de transparencia en la gestión del Gobierno en el sector Defensa, particularmente en lo que se refiere a adquisiciones. Esa transparencia no existe hoy como norma oficial y se citan razones de seguridad nacional como excusa para ello.
En el ámbito de los partidos políticos, sectores de Derecha parecen juzgar esta ley casi como un icono de reconocimiento hacia las Fuerzas Armadas, en cambio para la Concertación parece como una piedra en el zapato, como si la Ley del Cobre no les gustara pero con el temor que la decisión de eliminarla perturbaría las tácticas del andar despacio en materia de transformaciones de asuntos militares.
Recién en la última campaña presidencial se habló con más franqueza, pero no existe una propuesta de otro modelo por parte del Gobierno ni se ha presentado públicamente otra fórmula para resolver un mecanismo presupuestario en lo militar.
Los aununcios de cambio sin cambio:
Últimamente, cuando los políticos concertacionistas opinamos sobre la llamada ley del cobre, pareciera que a nadie le gustara esa ley. Sin embargo, después de tres Gobiernos de esta alianza política, nadie ha intentado derogarla.
A medida que hemos puesto el debate fuera de la administración, el Gobierno ha avanzado en intensidad variable, al menos, en su opinión.
Primero, en la idea de no tocar la ley, quizás de perfeccionarla y después a hacerle correcciones. A mediados del primer año de la Presidenta Bachelet, sintonizando con la aparición pública de más voces criticando el actual sistema que otorga el 10% de las ventas de Codelco a las cuentas corrientes para compras de armas y equipos, el gobierno avanzó otro paso anunciando la idea de poner, por ley, un límite superior al monto del dinero disponible del cobre. Finalmente, en menos de un año, el pequeño debate público y la conciencia democrática de las autoridades, al menos han avanzado en lo que yo llamo la tímida disposición a modificar estas disposiciones que destinan parte de la venta bruta del cobre como flujo fijo para gasto en potencial bélico.
La necesidad de derogar la “Ley del Cobre”:
Personalmente, no comparto esa opinión del gobierno, de corregir la Ley del Cobre, y sostengo clara y derechamente que es necesario derogar el actual modelo de financiamiento directo. Este obliga por la ley a que la Tesorería General de la República haga tras cheques iguales para ser depositado en tres cuentas, más la del Consudena, a partir del 10 por ciento del total de lo que facture Codelco. Una corrección menor, la sola fijación de un techo no resuelve los graves defectos del modelo actual, sus perversiones, la inhabilitación democrática, el descompromiso de la política con las FF.AA., la mantención de un supra poder financiado, la falta de transparencia, la ineficiencia de millones paralizados, la poca claridad en el manejo financiero, por mencionar algunos defectos que, a mi juicio, deben estimular a las fuerzas políticas a trabajar por el diseño de un nuevo modelo de financiamiento del equipamiento y material del potencial bélico.
Por otra parte, creo que la conversación política ha sido poco abierta. Hasta ahora no ha habido ningún debate público propositivo al respecto en más de cincuenta años. Quienes participaron con nosotros, militares y políticos, en Octubre del 2006, fueron parte del primero.
La desconfianza histórica de las Fuerzas Armadas:
A mi juicio, la verdad del problema está más profundamente enraizada en la historia. Si las Fuerzas Armadas confiaran en la responsabilidad de la democracia y los políticos democráticos para atender las necesidades de la defensa, no necesitarían la ley reservada del cobre. El mecanismo del 10 por ciento de las ventas les asegura una insana independencia de los poderes democráticamente electos por el soberano. Debo destacar para el lector que la Ley actual establece que la definición de los dineros disponibles para el gasto bélico supera la autoridad presidencial y ningún funcionario ni órgano de gobierno autoriza los traspasos de los fondos. La entrega es automática.
La provisión financiera para el potencial bélico no pasa ni siquiera por la vista de la Presidenta de la República. El modelo es un by-pass por detrás de todos los controles del Estado. Conecta el dinero que factura Codelco con las cuentas corrientes de las ramas de las Fuerzas Armadas y el Consudena por el mandato de la ley.
El Congreso ni siquiera es informado de cómo se va entregando el dinero, ni de cuánto dinero se dispone. Y mucho menos cuándo ni en qué armamento se gasta ese dinero.
El Parlamento en Chile se informa por la prensa de las compras militares y, si la autoridad lo quiere, puede ir a contar lo que estime conveniente.
Por ejemplo, la explicación que se dio en la última compra de los tanques Leopard fue que habría una dificultad en la provisión de cierto elemento técnico, y el Congreso lo sabía antes de que la facturación estuviese resuelta.
El descuido político con las Fuerzas Armadas:
La desconfianza militar surgió de experiencias que mostraron incomprensión de los políticos en el papel de las Fuerzas Armadas.
Desde comienzos del Siglo XX, desde aquella manipulación oligárquica en los ascensos -hace poco leí a Gonzalo Vial y citaba el caso de un diputado que protestó ante el Gobierno porque no había sido informado de la decisión del nuevo comandante del regimiento de su distrito-, era común la utilización de militares para tareas políticas represivas y la despreocupación política por la tarea esencial de las Fuerzas Armadas. Recordemos ese memorable bajísimo nivel de equipamiento hacia fines de los años 60: tanques M3 de la segunda guerra mundial; al llegar a la década del 70, unidades equipadas de fusil modelo Máuser de 1912; en los años 70, artillería 105 milímetros N.A. de la guerra de Corea. Eran tiempos en que los oficiales del Ejército solían trabajar de taxistas por las tardes y los cadetes que se formaban para oficial recibían un par de botas usadas, las unidades se formaban en cursos de radio, pero sin radio y la instrucción de tiro se hacía con ruido simulado por falta de munición.
Durante muchos años nuestras Fuerzas Armadas no fueron dotadas con los recursos suficientes por la autoridad política.
Nueva generación política responsable con las Fuerzas Armadas:
Pero en Chile, en los últimos años, las conductas políticas y la renovación doctrinaria de responsabilidad, probada en el uso del poder, desmienten el prejuicio militar de suponer que los políticos van a debilitar el financiamiento de las Fuerzas Armadas y las adquisiciones de material bélico, colocándolo detrás de necesidades de mayor brillo electoral.
Paradójicamente, se ha visto que esta generación de políticos, que compartió el trauma institucional y los peores dolores, ahora, en el ejercicio del poder, en el Gobierno y en el Parlamento, es una generación de políticos que ha dado las mejores pruebas de seriedad y de responsabilidad política en la relación entre el Estado y las Fuerzas Armadas.
Anclarse en la experiencia histórica sólo sirve de fundamento para desconfianzas mutuas, mientras que nuevas formas de responsabilidad del debate político y de doctrina militar merecen probarse innovando, en el escenario del presente, para asumir juntos las tareas de la defensa.
Por eso, en mi opinión, debe derogarse la ley Reservada del Cobre. Para mantenerla, modificarla o derogarla el debate está abierto.
Modificarla sólo para acotar los montos de dinero es maquillarla con la simple circunstancia del buen precio del cobre.
Hay que construir un modelo transparente de adquisición de equipamiento militar que cubra las necesidades en el tiempo, definidas técnicamente por especialistas en la defensa, con financiamientos sustentables, con opinión participativa plena de las Fuerzas Armadas y asumido por autoridades políticas representativas que asuman como responsabilidad de Estado en períodos largos e independientes de los cambios electorales tanto del Ejecutivo como del Legislativo.
El actual mecanismo de Fuerzas Armadas suprapoderes representativos, en mi opinión, contribuye al secretismo. Además, se ha demostrado financieramente ineficiente, provoca suspicacias, induce a comentarios sobre el gasto y provoca rechazo generalizado en todo el que opine públicamente. Este mecanismo aumenta la falta de responsabilidad de los políticos con la defensa y los coloca en el limbo de los inhabilitados, dificulta el acercamiento democrático con las tareas de los militares y de la defensa, aleja el debate de la defensa, acentúa el desinterés de los políticos por lo militar y, en mi opinión, lo más grave, mantiene los prejuicios de desconfianza.
Dicho así, por decir una frase, la ley Reservada del Cobre es un monumento a la desconfianza entre políticos y militares.
Si la historia explica ese distanciamiento y muestra que algo se hizo mal para generar desconfianzas mutuas, está demostrando que militares y políticos son parte de un mismo país; que el país lo integran civiles y militares, quienes finalmente somos los encargados de elegir su administración, su Congreso y su Gobierno, además de construir experiencias históricas propias, sean malas o buenas, y nuevas formas de relación, muy propias de un Estado democrático, para asumir las tareas de la defensa que, en mi opinión, estoy seguro harían mejor al país. A eso invito a construir opinión.
Patricio Hales Dib.
Enero 2007
publicadas por Patricio Hales Dib @ 12:29 p. m.
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