Un nuevo mecanismo para adquisiciones militares

Por: Patricio Hales Dib.

Si las FF.AA confiaran en la responsabilidad de la democracia, para atender las necesidades de la defensa, no necesitarían de la Ley Reservada del Cobre. El mecanismo del 10% de las ventas del cobre les asegura una insana independencia de los poderes democráticamente electos por el soberano.

La provisión financiera para el potencial bélico no pasa ni siquiera ante la vista del Presidente de la República. El modelo es un bypass que, por detrás de todos los controles del Estado, conecta el dinero que factura Codelco con las cuentas corrientes de las tres ramas de las FF.AA y el Consudena, por mandato de esa Ley.

El Parlamento ni siquiera es informado de cuánto, cuándo y en qué armamento se gasta ese dinero.

La desconfianza militar surgió de experiencias que mostraron incomprensión de los políticos de su papel, desde la manipulación oligárquica de los ascensos a principios del siglo XX, la utilización de los militares para tareas políticas represivas y la despreocupación política por su tarea esencial. Fue memorable ese bajísimo nivel de equipamiento hacia 1970, con tanques M3 de la II Guerra Mundial, fúsil modelo Mauser 1912, artillería NA 105 de la guerra de Corea, cuando los oficiales chilenos solían trabajar de taxistas, los cadetes recibían un solo par de botas usadas, cursos de radio sin radio y la instrucción de tiro con ruido simulado por falta de munición.
Durante muchos años los esfuerzos de modernización de nuestras FF.AA no se dotaron de los recursos suficientes desde la autoridad política.

En Chile en los últimos años, las conductas políticas y la renovación doctrinaria de responsabilidad probada en el uso del poder, desmienten el prejuicio militar de suponer que los políticos debilitarían el financiamiento para adquisiciones de material bélico, colocándolo detrás de necesidades de mayor brillo electoral. Se ha visto que, paradojalmente, esa generación de políticos que compartió el trauma institucional y los peores dolores, ahora, en el ejercicio del poder, ha dado las mejores pruebas de seriedad y responsabilidad política en la relación del Estado con las FF.AA.

Anclarse en la experiencia histórica, para un lado y otro, sólo sirve de fundamento para desconfianzas mutuas, mientras que nuevas formas de responsabilidad del debate político y de doctrina militar merecen probarse innovando, en el escenario del presente, para las tareas de Defensa.

Por eso debe derogarse la ley Reservada del Cobre. Modificarla para acotar los montos de dinero es maquillarla por la circunstancia del buen precio del cobre. Hay que construir un modelo transparente de adquisición de equipamiento militar, que cubra necesidades en el tiempo, definidas técnicamente por especialistas, con financiamientos sustentables y asumidos por las autoridades políticas representativas, como responsabilidad de Estado en períodos largos e independientes de los cambios electorales de gobiernos.


El actual mecanismo de FF.AA supra-poderes representativos, contribuye al secretismo, se ha demostrado financieramente ineficiente, provoca suspicacias y rechazo, aumenta la falta de responsabilidad de los políticos con la defensa colocándolos en el limbo de los inhabilitados, dificulta el acercamiento democrático con los militares, aleja el debate de defensa, acentúa el desinterés por lo militar y mantiene los prejuicios de desconfianzas.

La ley reservada del cobre es un monumento a la desconfianza de los militares en la democracia.

Si la historia explica ese distanciamiento y muestra que algo se hizo mal para generar desconfianzas mutuas, el presente está demostrando que militares y políticos pueden construir, con sus propias experiencias históricas, nuevas formas de relación, propias de un Estado democrático, que harían mejor al país.